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Por Giorgio A. Benini**

 

     Con motivo de celebrarse a fines del año pasado, las 4tas. Jornadas Científicas del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, fuimos invitados por su Facultad de Ciencias de la Criminalística a disertar sobre las actuales técnicas de investigación de lavado de dinero***, oportunidad en la cual manifestamos nuestra preocupación por la ineficacia de la legislación penal en la materia.
     Haciéndonos eco de las críticas formuladas a la ley 25.246 por el resto de la doctrina especializada, sostuvimos la necesidad de una reforma que otorgara “autonomía” a la figura de lavado de activos de orígen ilícito, ya que la manera en la que dicha norma había tipificado al delito en cuestión redundó, a diez años de su vigencia, en escasas condenas.
     Es que, el lavado de dinero, entendido como la actividad lícita mediante la cual se legitiman fondos provenientes del crimen (narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, etc.), era considerado por nuestro Código Penal como una especie del delito de encubrimiento. Esta circunstancia generó bastantes inconvenientes a la hora de investigar e imputar a alguien el blanqueo de capitales pues, si quien lavaba era al mismo tiempo quien cometía el delito previo, únicamente se lo podía acusar por éste. En este sentido, se excluía la posibilidad de “autolavado”.
     Ello era así, toda vez que el artículo 278 del Código Penal se refería a quien “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”.
     Con la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo nacional, el lavado de activos adquiere “autonomía” respecto del encubrimiento posibilitando que pueda serle imputado no solo a las personas que laven dinero generado por una actividad ilícita de un tercero, sino también a aquellas que blanqueen fondos propios derivados de algún delito penal.
     En otras palabras, ahora se puede imputar el lavado de activos tanto a quién sólo se dedique a blanquear los fondos de un crimen cometido por otro, como a aquél que tenga relación con el delito previo (p. ej. el narcotraficante que al mismo tiempo tiene una actividad legal por medio de la cual legitima el dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes).
     Creemos que con la autonomía que esta reforma le otorga a la figura de lavado de activos en la legislación penal, la Argentina da un paso significativo en la lucha contra el blanqueo de capitales. A ello cabe sumar la importante tarea desplegada en el último año por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), y las numerosas resoluciones dictadas con el objeto de regular los procedimientos de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

Referencias:  

*. Artículo publicado en el Suplemento Económico del Diario La Opinión Austral de Río Gallegos, el 26 de junio de 2011. Disponible en:

www.laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=35825

**. Abogado Especialista en Derecho Administrativo Económico (UCA) y Contrataciones Públicas (UNSAM). Profesor por concurso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en las cátedras de Elementos de Derecho Constitucional y Elementos de Derecho Administrativo.

***. Nuestra ponencia se tituló “La auditoría forense en la investigación del delito de lavado de activos de origen ilícito”, y fue expuesta el 5 de octubre de 2010 en las 4tas. Jornadas Científicas del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (I.U.P.F.A.), celebradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Por Giorgio A. Benini**

En el presente artículo se analiza la última modificación introducida a la Ley de Sellos de la Provincia, y su posible colisión con la prohibición constitucional de establecimiento de aduanas interiores.

     Mediante la ley 3.145 sancionada el 12 de agosto de 2010, la Legislatura modificó la Ley de Sellos N° 1.410 introduciendo el art. 79 bis por el que se gravan las transferencias de dominio a título oneroso de vehículos nuevos y usados efectuadas fuera de la Provincia.
     Las alícuotas específicas, aplicables a cada caso, son las siguientes: a) La transferencia de dominio a título oneroso de vehículos usados y cero kilómetro que cuente con factura emanada de extraña jurisdicción como respaldo de dicho acto, estará sujeta al impuesto proporcional del veinticinco por mil (25 %o); b) La transferencia de dominio a título oneroso de vehículos usados que acredite haber sido celebrada en el territorio de la Provincia y que no cuente como respaldo de dicho acto con factura emanada de vendedores contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la jurisdicción de la Provincia estará gravada con un impuesto proporcional del quince por mil (15 %o). Dicha alícuota se reducirá en un cincuenta por ciento (50%) cuando la transacción sea perfeccionada entre privados, mediando la acreditación de transferencia en el Registro de la Propiedad del Automotor, dentro del plazo de quince (15) días corridos de perfeccionada la operación. c) La transferencia de dominio a título oneroso de vehículos usados cuyo acto se hubiere celebrado fuera de la Provincia y no tenga como respaldo facturación emitida en esa extraña jurisdicción, tributará el impuesto proporcional en el orden del veinticinco por mil (25%o); d) Los vehículos no registrables resultarán gravados con un impuesto proporcional del veinte por mil (20%o), el que percibirá el Registro de Créditos Prendarios y Maquinarias Agrícolas.
     Ahora bien, sin perjuicio de los objetivos que inspiran la norma, cabe advertir que la misma podría ser cuestionada por inconstitucional al afectar el principio de libre circulación de bienes y servicios por el territorio nacional y, más precisamente, la prohibición del establecimiento de aduanas interiores. 
    Recordemos, en ese sentido, que la Constitución Nacional establece una serie de disposiciones cuyo objetivo es liberar de obstáculos el comercio interior, consagrando la libre circulación de toda clase de bienes y servicios por el país (art. 10), prescribiendo que no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso (art. 9°); que los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que transiten por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los medios en los que se transporten (art. 11); que los buques destinados de una provincia a otra, no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin que en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio (art. 12); que es al Congreso a quien le corresponde legislar en materia aduanera, estableciendo los derechos de importación y exportación uniformemente para todo el país y creando o suprimiendo aduanas (art. 75, incs. 1° y 10); que corresponde al Congreso reglar el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí (art. 75, inc. 13); que las provincias no pueden sancionar leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior, ni establecer aduanas provinciales (art. 126).
     Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha ido delineando su criterio en relación con el alcance que hay que dar a los artículos citados precedentemente1.
     En esa labor, señaló que el impuesto a la extracción de los productos de una provincia es contrario al principio de igualdad como base de los impuestos2, declarando p. ej., que el impuesto de tablada cobrado por Córdoba, aplicado a las haciendas que no hubieran sido objeto de venta en la provincia y que se cobraba en el acto de la extracción y con motivo de ella, vulneraba los arts. 9° y 10 de la Constitución, que no admiten aduanas interiores y prescriben la libre circulación de los productos3.
     En relación con los gravámenes al tránsito y los de importación, el Tribunal sostuvo que las provincias no están autorizadas a crear tributos o gabelas sobre las personas que pasan o entran en su territorio procedentes de otras, aún cuando se encuentren vinculadas sus actividades con el comercio interestadual o exterior.
     Tampoco pueden establecer gravámenes o patentes sobre los bienes, mercaderías o productos procedentes de otras provincias por la mera causa de su introducción a su territorio, circunstancia que llevó al Tribunal a declarar la inconstitucionalidad de una patente fija establecida por Buenos Aires a los repartidores dependientes de casas de comercio que no pagaban el impuesto a la industria y al comercio de aquella provincia por estar radicados en la Capital Federal4.
     No obstante, cada jurisdicción recobra su plena capacidad impositiva a partir del momento en que los bienes o productos introducidos a su territorio, llegan a confundirse con la masa general de bienes de la provincia, y ello sólo a condición de que aún después de producida la incorporación de valores el impuesto no establezca distinciones entre los bienes introducidos con los ya existentes en el territorio.
    Queda claro, en consecuencia, que ni las provincias ni sus municipios se hallan facultados para dictar normas que obstaculicen –directa o indirectamente- la libre circulación de bienes y servicios, o que puedan de cualquier forma perturbar la atribución exclusiva que posee el Congreso para reglar el comercio.
    A su vez, la prohibición de establecimiento de aduanas interiores veda el establecimiento de tributos diferenciales en función del origen de los bienes y servicios, circunstancia que, a nuestro entender, se verifica con el art. 79 bis de la Ley de Sellos de la Provincia de Santa Cruz, tornándolo inconstitucional.

Referencias:

*. Artículo publicado en el Suplemento Económico del Diario La Opinión Austral de Río Gallegos, el 29 de mayo de 2011. Disponible en:

http://www.laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=34284&A=2011&M=5&D=30 

**. Abogado Especialista en Derecho Administrativo Económico (UCA) y Contrataciones Públicas (UNSAM).

1.  La doctrina de la Corte sobre la materia ha sido expuesta en varios precedentes, destacándose los registrados en Fallos, 3:131, 149:137, 178:9, 178:308, 205:480, 316:2797 y 324:187.
2.  CSJN, Vila, Luis y Justo y otros c. Provincia de Córdoba, 1937, Fallos, 178:308.
3.  CSJN, Ganadera El Yunque S.A. c. Provincia de Córdoba, 1946, Fallos, 205:480.
4.  CSJN, Bressani, 1937, Fallos, 178:9.

Por Giorgio A. Benini**

 

En el presente artículo se analizan las facultades otorgadas por la Ley de Procedimiento Tributario a la Administración Federal de Ingresos Públicos en el marco de las ejecuciones fiscales, y un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el que se declaran inconstitucionales los embargos dispuestos por aquella, sin orden judicial.


      Mediante el juicio ejecutivo o de apremio regulado por el artículo 92 de la Ley de Procedimiento Tributario1, la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) reclama judicialmente el pago de los tributos y recursos de la seguridad social por ella recaudados2 .
      Tras la reforma efectuada mediante la ley 25.2393 -que introdujo el actual texto del artículo 92-, las voces críticas de la doctrina tributarista no se dejaron esperar. El motivo que despertó el rechazo prácticamente unánime de los autores –no así de la jurisprudencia que mayoritariamente se expidió sobre su validez-, estriba en la facultad que la mencionada norma otorga a los agentes fiscales para disponer embargos sin mediar orden judicial al respecto.
      Según aquel artículo, tras la presentación de la demanda ejecutiva por ante el juzgado competente, sin más trámite, el agente fiscal representante de la A.F.I.P. se halla facultado a librar bajo su firma el mandamiento de intimación de pago y eventualmente embargo u otra medida alternativa, por la suma reclamada, especificando su concepto con más el quince por ciento (15%) para responder a intereses y costas.
      Es decir, en los términos de la ley, basta con que el representante del Fisco presente la demanda ejecutiva para que pueda, sin más, disponer la traba de embargos –o cualquier otra medida cautelar-.
      De esta manera, el actual artículo 92 de la Ley de Procedimiento Tributario nacional, consagra la prevalencia de la Administración tributaria, ubicando en el marco procesal a un agente fiscal dotado de fuertes facultades a la par que se relega al Juez a un rol secundario4.
      Esta circunstancia comporta, a nuestro entender, una seria intromisión del Poder Ejecutivo en atribuciones que le son propias al Judicial.
      Ello es así, toda vez que las desmedidas facultades afectan la propiedad de la que, conforme al artículo 17 de la Constitución Nacional,  sólo puede privarse mediante “sentencia fundada en ley”.
      Afortunadamente, en reciente pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación –por mayoría de sus miembros- acogió el criterio precedentemente expuesto y declaró la invalidez de las mencionadas atribuciones.
      Lo hizo en la causa “Administración Federal de Ingresos Públicos c. Intercorp S.R.L. s. ejecución fiscal”5, fallada el 15 de junio del año pasado, y cuyos hechos son los que a continuación se relatan.
      La A.F.I.P. promovió contra la firma Intercorp S.R.L. un juicio de ejecución fiscal en los términos del artículo 92 de la Ley de Procedimiento Tributario, reclamando saldos de sus declaraciones juradas del impuesto al valor agregado (I.V.A.), del impuesto a las ganancias y de aportes al Sistema Único de Seguridad Social.
      El representante del fisco informó al juez que había dispuesto el embargo general de fondos y valores del ejecutado en cuentas bancarias, cajas de seguridad, títulos y cualquier otro activo financiero por el monto del capital reclamado, con más el 15% de dicha suma para responder por intereses y costas, de acuerdo con la facultad conferida por el citado artículo 92; circunstancia que motivó el planteo de inconstitucionalidad de la empresa ejecutada. 
     El juez de primera instancia hizo lugar a la declaración de inconstitucionalidad solicitada, pero –apelada que fuera dicha sentencia- la Cámara Federal de Salta la dejó sin efecto.
      A fin de ser breves y en el entendimiento de que el lector prioriza los argumentos que pusieron punto final a la causa, omitimos las ponderaciones efectuadas por aquellas instancias ordinarias.
      Llegada la cuestión a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ésta se inclinó a favor de los argumentos de la demandada.
      En ese sentido, hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad, considerando que el artículo 92 "contiene una inadmisible delegación en cabeza del fisco nacional, de atribuciones que hacen a la esencia de la función judicial".
      Según el Máximo Tribunal nacional, "el régimen establecido en el artículo 92 de la Ley 11.683, en la medida en que no se adecua a los principios y garantías constitucionales de la división de poderes, la defensa en juicio y la propiedad, es inconstitucional".
      Por nuestra parte, celebramos esta decisión de la Corte por considerar que se condice con la asignación de facultades que la Constitución ha dado a cada uno de los Poderes del Estado y el respeto al derecho de propiedad.
      Es de esperar, en consecuencia, que de ahora en más el Fisco se abstenga de trabar medidas precautorias sobre fondos o bienes de los contribuyentes, hasta tanto obtenga la correspondiente orden judicial, en el marco del proceso de ejecución iniciado.

Referencias:

*. Artículo publicado en el Suplemento Económico del Diario La Opinión Austral de Río Gallegos, el 6 de marzo de 2011. Disponible en: http://www.laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=29699&A=2011&M=3&D=8

**. Abogado Especialista en Derecho Administrativo Económico (UCA) y Contrataciones Públicas (UNSAM).

1. Ley 11.683, B.O. 12/01/1933, T.O. 1998.
2. Lo que incluye tributos, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras cargas cuya aplicación, fiscalización o percepción esté a cargo del mencionado organismo.
3. B.O. 31/12/1999.
4. FOLCO, Carlos María: Ejecuciones Fiscales. 1ra. ed. Buenos Aires: La Ley, 2006, p. 37.
5. Fallos, 333:935.